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La competitividad de las empresas en la UE no puede basarse en la desigualdad y la precarización de las condiciones de trabajo

26/08/2017 | UGT

La Unión General de Trabajadores, en línea con la reivindicación de la Confederación Europa de Sindicatos (CES), exige que las condiciones laborales de los trabajadores desplazados en el marco de una prestación de servicios a un país de la UE, no sean inferiores a las establecidas en los convenios colectivos del país en el que van a trabajar. En este sentido, critica la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación nacional de servicios porque sigue subordinando la igualdad entre trabajadores y trabajadoras comunitarios a la libertad de las empresas para prestar servicios en el territorio de la Unión, favoreciendo así el dumping empresarial, y poniendo en cuestión la aplicación de los convenios colectivos y con ello, el papel de la negociación colectiva y de los Interlocutores Sociales.

El sindicato solicita al Gobierno español que aclare su posición en esta materia, así como sobre la reforma de los reglamentos de coordinación de la Seguridad Social y que defienda en la UE los derechos de los trabajadores y trabajadoras desplazados desde España y hacia nuestro país y no los contemple como mano de obra barata y precaria.

En los últimos días varios Estados miembros de la Unión Europea (como Francia o Polonia) han criticado, en sentidos contrarios, la propuesta de modificación de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. En unos casos, por seguir manteniendo condiciones de empleo diferentes para los trabajadores desplazados y fijar en 24 meses el máximo de los desplazamientos temporales. En otros, porque los límites temporales que impone y una mayor igualdad en la remuneración restan competitividad a las empresas de los países con condiciones de empleo más bajas.

Para la Unión General de Trabajadores, los principios de la Directiva que data del año 1996 y su propuesta de modificación siguen favoreciendo el dumping empresarial. Son las empresas las que obtienen beneficios a costa de que sus trabajadores desplazados en el país de empleo tengan condiciones de trabajo inferiores a las de sus compañeros. Por otra parte, la Directiva, desde su aprobación en el año 1996, supuso una quiebra en el principio de libre circulación de trabajadores y trabajadoras y la ruptura de la igualdad de trato en materia de condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores que ejercen la libre circulación. Otra de las cuestiones que preocupan a nuestra organización, es que se considere que dos años es un desplazamiento temporal.

Según los datos correspondientes al año 2015, del total de 2.049.192 de trabajadores desplazados en el territorio comunitario, España, con 125.711 trabajadores, ocupaba el quinto lugar en países que desplazaron temporalmente trabajadores a otros Estados miembros de la Unión Europea, por detrás de Polonia, Alemania, Francia y Eslovenia. En el caso de nuestro país el 21´8% de los trabajadores, fueron desplazados a Alemania, el 21% a Francia y el 19% a Portugal.

La Unión General de Trabajadores, no comparte las posiciones hechas públicas por el Presidente del Gobierno español, que critican aspectos de la modificación de la Directiva que tienden a establecer mayores controles y un acercamiento en las remuneraciones de los trabajadores desplazados con los del país de empleo. La competitividad de las empresas españolas, o de cualquier otro Estado miembro, en el ámbito de la Unión Europea no puede conseguirse a costa de que los trabajadores desplazados tengan condiciones de trabajo inferiores a las de los países de empleo al no beneficiarse en su totalidad de las previsiones del convenio colectivo de aplicación.

Seguridad Social

Para la Unión General de Trabajadores es preciso un debate serio con los interlocutores sociales, en el marco del Pilar Europeo de derechos sociales y a nivel de la Unión Europea y nacional, sobre el futuro de la libre circulación de trabajadores y la igualdad de derechos.

Y, entre los temas que deberían ser objeto de debate, se deben incluir tanto esta propuesta de Directiva como la propuesta de reforma de los reglamentos de coordinación de la Seguridad Social. Esta última, preocupante por las exigencias de determinados Estados miembros que quieren acabar con la igualdad de trato en determinadas prestaciones de seguridad social para los trabajadores de otros estados que ejercen la libre circulación, en particular, en las prestaciones familiares y de desempleo, lo que supondría un gran perjuicio para quienes han ejercido la libre circulación de trabajadores y supondría poner en cuestión tanto esta libertad como el principio de igualdad.

En este sentido, la Unión General de Trabajadores exige al Gobierno español:

• Que aclare a los Interlocutores Sociales su posición tanto sobre la propuesta de reforma de directiva de desplazamiento, como sobre la reforma de los reglamentos de coordinación de la Seguridad Social.

• Que defienda en la Unión Europea los derechos de los trabajadores y trabajadoras desplazados desde España y hacia nuestro país, y que no favorezca que sean tratados como como mano de obra barata y precaria.

• Que son precisos mayores controles sobre el desplazamiento de trabajadores desde o hacia España que los previstos en el RD Ley 9/2017 que traspuso, entre otras, una Directiva que introducía garantías de cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas y los Estados miembros en el desplazamiento de trabajadores.

La Unión General de Trabajadores considera que estos controles deben incrementarse y que cuanto antes, debe establecerse el registro electrónico central sobre desplazamiento. Sin él, no se disponen de los datos necesarios de los trabajadores desplazados hacia o desde España, su situación o su lugar de empleo, datos que son imprescindibles para garantizar sus derechos y la no existencia de abusos y fraudes en el desplazamiento.

La competitividad de las empresas en la UE no puede basarse en la desigualdad y la precarización de las condiciones de trabajo

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